lunes, 26 de julio de 2010

La institucionalidad del Estado Guatemalteco se deteriora de forma continua

El Instituto de Estudios Estratégicos (ISS), por sus siglas en Ingles, ha publicado en Mayo de este año el documento “Crime, Violence, and the Crisis in Guatemala: A Case Study in the Erosion of the State” , palabras más o menos las conclusiones son sorprendentes y poco alentadoras.

Se estima que el monto de comercio de drogas en Guatemala alcanza los US$ 10 billones (ochenta mil millones de quetzales), lo que genera alrededor de un billón de dólares (ocho mil millones de Quetzales) en sobornos. Hal Brand, autor del estudio, enmarca estos resultados en la interacción de tres grupos principales: i) los traficantes internacionales de droga; ii) los poderes ocultos (¿ocultos de quién?) y; iii) las maras o pandillas. Alrededor de 400 efectivos de los Zetas están en el país, coexistiendo con un número mayor de 14,000 personas que participan activamente en maras. Esta mezcla genera la mayor, o una de las mayores tasas de asesinatos de Latinoamérica. El estudio, por mucho, enuncia distintos casos que apoyan estas hipótesis, como aquellos relacionados a crímenes políticos, nacionales y extranjeros, asesinatos colectivos, tráfico de armas, deportaciones, lavado de dinero, etc.

¡Que pasará en el futuro próximo? El autor lista al menos 8 políticas para retomar la visión de estado, en el sentido de proteger a sus ciudadanos. Aunque algunas son muy interesantes: como la de compartir información de los 5,000 deportados de los Estados Unidos de América, o aumentar la calidad de las detenciones, en general aboga por medidas integrales. Políticas de corto plazo, como el plan escoba, no tienen mayor retorno, a criterio del investigador. En un entorno de bajos recursos y poca creatividad -dado que hay escasos recursos financieros, la creatividad es uno de los pocos recursos con que se cuenta-, se vislumbra un agravamiento de la situación.

No quiero sonar pesimista. Al igual que el espíritu del documento, urge un liderazgo que nos conduzca a soluciones. Dicho liderazgo debería iniciar dejando de hacer lo que hicimos y plantear reformas (no necesariamente propuestas de ley), como por ejemplo una adhesión más vigorosa al plan Mérida, la conducción de la sociedad a un enfoque comunitario de seguridad y desde luego respuestas acordes a cada problema, en las cuales sobresaldría la definición o redefinición del ejercito acorde a la inminente amenaza social que se intensificará en los próximos años. El arte de conciliar las soluciones de corto plazo, obviamente indispensables, con las soluciones necesarias del largo plazo definirá la personalidad de nuestros políticos.

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