A raíz de la aprobación del presupuesto público, varias publicaciones analizan la política fiscal desde el lado de la
transparencia, pareciera que por momentos privará una visión de auditoria
gubernamental más que un enfoque económico.
En esta
serie de post al ver las reglas de juego que gobiernan la
arena de política fiscal, busco decantar medidas de política pública y, muy a los “tres veces centenario”, resaltar el determinante rol activo de los ciudadanos (o de las personas pues) minimizando el rol de jugador/a pasivo que se le ha conferido. Como antesala, las medidas de política buscadas para una agenda de buen gobierno requiere de visiones de otras disciplinas, considerando que el modelo gradualista de política
pública en Guatemala necesita nuevos brillos.
De acuerdo al proyecto de presupuesto presentado al Congreso, las
perspectivas en materia de ingresos no son alentadoras, para el 2015 estaríamos
rondando cargas cercanas al 10.5 con tendencias al 9.8% en 2017 – sin incluir
el efecto de los nuevos impuestos-; en un marco de contención del servicio de la
deuda, en el mejor escenario, la ampliación de servicios sociales sería prácticamente
nula, salvo el menoscabo de otros sectores. Lo anterior sumado al efecto
inflacionario, un espantoso servicio de la deuda por roll over en 2015, y las
características propias del año electoral, llevan a preguntarse ¿Cómo hacer
mejor lo que se necesita hacer en un contexto de intensificación de la restricción
de recursos?[1]. Hasta hace 15 años, la respuesta a la anterior
pregunta se centraba en la agenda de calidad de gasto, impulsada fuertemente
por la agenda de resultados, las evaluaciones de estas agendas han llevado a buscar
otros enfoques; pero bueno, en otros post se abordarán estas discusiones.
Para empezar por el principio y poner los pies en la tierra, es
conveniente “tratar” de dimensionar o al
menos cualificar estos fenómenos. Los datos para Guatemala son un poco difusos
y debe echarse mano a estudios internacionales, entre los cuales sobresalen
los relacionados a gobernabilidad, índices de corrupción e índices de gestión
pública.
Siguiendo los indicadores de "Gobernanza" y comparando Guatemala con
Latinoamérica: 1) Salvo en capacidad regulatoria, el nivel es inferior en todos los rubros; 2) en “voceo” y rendición de cuentas, la mejora de 2008,
respecto a 2003, quedó elimina al 2013;
3) en efectividad de gobierno, que mide la calidad del gasto
indirectamente, va de mal en peor, a 2013 estamos en nuestra peor posición; 4)
en el “rule of law”, históricamente seguimos bajos. Los datos se muestran en la
gráfica y es fácil notar que en 3 aspectos relacionados a una agenda de buen gobierno
se necesitan formas creativas de abordaje.
Fuente: Consulta generada en http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc
En materia más amplia, Latino barómetro es un referente clásico para
comparaciones. En el último estudio disponible se repiten los patrones
observados en Guatemala: i) ubicarse por debajo de la media latinoamericana en
la mayoría de rubros; ii) problemas centrados en áreas “económicos” y de
violencia; iii) la corrupción aparece entre los principales problemas.
De esa cuenta, el reciente informe de transparencia
internacional ubica a Guatemala entre los países con alta corrupción política con
un punteo de 4.1.
Al igual que
estas estadísticas, existen otras como las relacionadas a gobierno abierto y
transparencia presupuestaria, en general los resultados son los mismos, más
menos ciertos matices.
Retomando, como
todo fenómeno complejo, una caracterización del “buen gobierno” en Guatemala solo es aproximada, conforme se
describen posibles partes. Otros factores son necesarios de incorporar, como
ciudadanía y la disposición a participar. Dicha incorporación es un reto
conceptual en tanto tal definición sea necesaria para delinear futuras líneas de
política, lo cual también se abordará en otros post.
[1] El
problema microeconómico sería de alteración de la función de producción en
pocas palabras, si no se modifica la restricción institucional, caso contrario
sería la misma función pero con nuevas restricciones institucionales.
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