¿Son mejores las aulas de 20 o 30 alumnos en el logro del
aprendizaje? ¿Es el entrenamiento
realmente efectivo para aumentar la productividad del trabajo? ¿Es mejor hacer
transferencias monetarias o fortalecer capacidades para superar la pobreza?, las
anteriores preguntas parecerían razonables, ¿no cree usted?; sin embargo lo
común es que no se planteen oportunamente y prevalezca en la estrategia la
emoción del optimismo por incrementar los retornos privados o públicos.
En lo empresarial, si bien las estrategias suelen
respaldarse con escenarios de ingresos y
amplios reportes financieros que materializan la planificación estratégica, se ha
encontrado que tan solo el 10
% de las estrategias que se implementan son exitosas. De esa cuenta, cada
vez el acento se afinca en la implementación y en los criterios con que
permanentemente la estrategia será evaluada. La estrategia deja de ser una hoja
de ruta para ser más un instrumento permanente de cuestionamiento y de gestión.
Del lado de lo público, el reciente informe de la CAF, “Un
Estado más efectivo: Capacidades para el diseño, la implementación, y el
aprendizaje de políticas públicas”, inicia narrando la siguiente historia:
“En el año 2001 la India lanzó un programa muy ambicioso para mejorar la
calidad educativa en el nivel básico en zonas rurales. Se realizaron
importantes inversiones en infraestructura. Se reclutó y entrenó a los maestros,
además se implementaron otras mejoras pedagógicas. ¿Resultado? Si bien
aumentaron las inscripciones y la asistencia de los alumnos, el cambio en el
rendimiento educativo fue cero.”
Precisamente, cero retornos privados o sociales pueden ser distintas
intervenciones que se implementan sin tener criterios de evaluación. Distintos proyectos en los espacios públicos,
como los que se basan en la responsabilidad social empresarial, los del sector
no gubernamental, como los de caridad o de beneficencia y los realizados por el
Gobierno, no necesariamente logran aportar al desarrollo y en algunos casos son
dañinos para el mismo. De esa cuenta, ha
sido la economista Esther Duflo quien ha resaltado la
evaluación de intervenciones para saber entre las iniciativas ¿cuáles
ayudan y cuáles hieren?, lo cual se logra por un amplio conjunto de
metodologías de evaluación, seguimiento y decisión oportuna.
Lo que más debe lamentarse en el caso guatemalteco, es que aun
existiendo investigaciones científicas, las mismas no son usadas para el diseño
de políticas y estrategias. Por ejemplo, se ha encontrado que existen cerca de 56
investigaciones científicas en 16
distintas áreas de la economía de Guatemala y que los hallazgos de las mismas
escasamente son utilizados. Ejemplo de lo anterior son las lluvias torrenciales
que han aumentado la pobreza en los
territorios afectados en 5.5% (Baez, J.,
Leonardo Lucchetti, Maria Genoni y Mateo Salazar 2015) y dado que tanto el sector público como
privado se enfocan en la superación de la pobreza, podrían generarse ejes de
atención a desastres, ampliando el enfoque de políticas centradas en trasferencias
o asistencia social.
Originalmente el criterio de evidencia en las políticas y
estrategias tenía cierto aire de supremacía desde su origen hace 70 años; con
los años se han establecido nuevos enfoques. Sin embargo, la complementariedad
entre enfoques no deber ser causa para obviar los importantes hallazgos que aportan
a políticas y estrategias más robustas. Al final, son las personas, las
empresas, las industrias, el gobierno y la sociedad quienes sufren el efecto de
que las estrategias no logren sus resultados.
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