El sector justicia con recursos financieros que no puede o sabe utilizar, es la gerencia no el dinero.

En este artículo muestro como existen recursos disponibles para el sector justicia en Guatemala y como su escaso uso evidencia incapacidad de ejecución, con ello planteo la necesidad de abandonar la añejada postura centrada en el dinero.

Hace 4 años el Gobierno de la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron el convenio de préstamo “Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal” por un monto cercano a los US$ 30.0 millones. El objetivo del mismo es apoyar al Organismo Judicial, El Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal  y el Ministerio de Gobernación, bajo la coordinación de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. El préstamo está destinado a la creación de centros de atención de justicia, comisarias, remodelación de juzgados, adquisición de terrenos, adopción de tecnología y capacitación, (Contrato de Préstamo No. 1905/ OC-GU). Este préstamo sigue a otros sobre como el de Reforma al Sector Justica y al  de fortalecimiento de las capacidades de investigación.

Al 23 de noviembre del año 2015 han sido desembolsados únicamente US$ 6.6 millones de los US$ 30 millones asignados, es decir tan solo se ha podido ejecutar un 22% a lo largo de cuatro años, con un promedio de 5% al año, restando por desembolsar US$ 23.4 millones; dado que esta fuente está disponible, recursos para el sector justicia existen pero también existe una incapacidad para ejecutar.  

Los US$ 6.6 millones desembolsados han causado comisiones e intereses por Q. 103 mil representado un 1.6% de lo que se ha ejecutado, dado que la rentabilidad social de apoyar al sector justicia es tan baja, (a juzgar por las altas tasas de criminalidad y corrupción), uno puede concluir que el costo financiero y de recursos no se justifica ante la incapacidad de ejecutar y lograr resultados, aspecto crucial que se enseña en cualquier curso de proyectos y finanzas y que las emociones o las ideologías nos llevan a olvidar. Lo anterior se agrava si se supone que hasta un 50% de estos recursos se ha “ido” en administración, incluyendo sueldos y salarios.

De esto uno puede concluir que: i) existen recursos disponibles para el sector justicia con otras fuentes, por lo cual la discusión centrada en impuestos no es excluyente de alternativas; ii) aún con las fuentes disponibles, existe una diversidad de problemas de ejecución, incluso existen problemas diferenciados entre unidades ejecutoras, por lo cual reglas de distribución planas carecen de sentido, como las propuestas recientemente con el impuesto; iii) al igual que con impuestos, existen costos de los recursos los cuales requieren beneficios sociales valiosos, bajo las condiciones actuales estos están lejos de lograrse; y, iv) debemos trascender de una visión centrada en presupuestos y su necesario incremento a una más noble y racional.

Como siempre, la ciudadanía exige una gerencia moderna del que hacer público e iniciativas que carecen de evidencias y se fundamentan en creencias y emociones conducen a un desperdicio de los recursos escasos.