Hace un mes el economista colombiano Luis Garay estuvo en
Guatemala para compartir algunas ideas sobre el combate a Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Garay ve los CIACS como pequeñas organizaciones
económicas cuyo comportamiento es estratégico, lo cual implica que se requieren medidas de
política realizadas adhoc, postura que contrasta con la tradicional centrado
en reformas a normas y reglas generales.
Entre otras cosas, hay algunas reformas planteadas bajo el enfoque tradicional que no han funcionado como se esperaba . Por una
parte, en 2013 se modificó la Ley
relacionada a la Contraloría General de Cuentas, en tal reforma se ampliaron “considerablemente”
las penalidades, de igual forma se reformó la Ley de Presupuesto, con los
famosos CDPs/CDFs, bajo la consigna que desincentivarían las prácticas
corruptas, a juzgar por los resultados a la fecha, tales reformas no disuadieron
la corrupción. El segundo aspecto que no ha funcionado es reformar el esquema
de organización delegando en unidades administrativas semi autónomas; si algo
tienen en común el directorio de la SAT y la Junta Directiva del IGSS es que ambos pueden ser influenciados, siendo capturados en casos
extremos, más cuando es el gobierno central el interesado en injerir en el
funcionamiento de los mismos. Por estas y
otras cosas es que estamos en la modalidad CICIG de lucha contra la corrupción
en el aspecto específico de CIACS.
Considerando lo anterior, y repensando problemas y sus
soluciones, y pasando lectura a “The Institucional Economics of Corruption and
Reform” de Graf, puedo inferir:
Anclaje institucional. Dado
que CICIG seguirá trabajando bajo un enfoque ex post, esto hace que la persona
corrupta busque un retorno que le compense el riesgo y la penalidad al ser
detectado, de esa cuenta el enfoque de castigo no es sostenible y llevará a más delitos. Al menos debe crearse una nueva institucionalidad,
la cual podría estar encabezada por la figura del Zar anticorrupción en
Colombia y México.
Con una nueva institucionalidad debe
definirse un enfoque de trabajo que
incorpore la prevención y la “represión” de prácticas corruptas y esta
deber ser micro basado en comportamiento criminal y revisión al esquema de
penalidades. Esta institucionalidad, creada con colmillos fuertes, debería
evaluar las reformas trascendentales. Ya sea el modelo de garrote
(represión) o el de zanahoria (entrenamiento), en ambos hay altos costos y son
de difícil gestión. Por ejemplo: i) el modelo centralizado de Transparencia no ha
funcionado y ii) en la prevención si bien se
apela a códigos de ética y fomento de capacidades, en la práctica no genera un
incentivo creíble para reducir los incentivos. Por ambos casos se requieren entes que piensen técnicas modernas para una gestión de al menos unos cuatro años o más.
Una agenda alternativa, similar como ocurre con las administraciones
tributarias, es que existan entes supervisores externos, bajo la modalidad de
auditoria social.
Las anteriores propuestas parten
del enfoque institucional de economía de la corrupción. Como de costumbre, son
los hacedores de política los que sí estiman conveniente deberán plantear
tiempos y formas para tener una respuesta apropiada a los requerimientos del
tiempo presente.
3 comentarios:
Fredy,
Coincido con dos elementos de tu columna.
1. El que la agenda de transparencia no ha funcionado. En parte, ante la ausencia de mecanismos enfocados en mejora institucional, lo que ocurre es simplemente un deterioro de la creencia en la democracia y en el gobierno. En lugar de lograr los cambios esperados.
2. Es necesario enfocarnos en una agenda de preención de la corrupción. En ese sentido, tengo dos comentarios:
2.1. Necesitamos cambiar el rol de la Contraloría General de Cuentas. Hoy, la meta es el periodicazo donde sale con la millonaria cantidad de hallazgos. No hay incentivos reales a aprender, a mejorar. Ello implica pasar del enfoque de multas (finalmente existen las cortes para penalizar la corrupción) a pasar a un enfoque de aprendizaje. necesitamos tener claridad sobre qué ocurre, por qué ocurre, qué sucede en otras latitudes y qué podría mejorarse para el caso de Guatemala.
2.2. Necesitamos una reforma al servicio civil para profesionalizarlo y darle autonomia. Contratar a los mejores, darles constante entrenamiento y darles buenas condiciones de trabajo. Al mismo tiempo que darles cierta protección de lo que ocurre a nivel político.
Saludos,
Lisardo
Coincido con tu persona en que hay que cambiar el rol de la Contraloría y la reforma del estado. Llevo casi 4 consultas y no me han podido responder como se asignan las rebajas. Lo que difiero es en el timing, por ahora no hay propuesta para ello y aprovechar la ventana puede no solo no tener impacto sino ser contraproducente.
El nacimiento de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) era para contener los asesinatos políticos. Esa era el objetivo. pero revisaré mi argumento. Por lo demás, el mecanismo de llamar corrupción al latrocinio y darle énfasis tecnocrático (u elegante) aleja la percepción de lo que realmente es el delito ROBAR. pERO POR TUS ARGUMENTOS TOTALMENTE DE ACUERDO.
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